Recientemente se ha presentado por el Ministerio de Sanidad el “Plan para la consolidación de los informes de posicionamiento terapéutico de los medicamentos en el SNS” y la “Red de evaluación de medicamentos en el SNS”1.
FACME considera necesario revisar el modelo que en España existe para la inclusión de medicamentos y otras prestaciones sanitarias en el SNS, para incorporar una correcta evaluación de su efectividad, evaluación económica e impacto presupuestario. Pero considera imprescindible que dicha revisión del modelo se realice de forma más rigurosa, participativa y transparente que la ahora propuesta.
FACME está en desacuerdo con que un tema de tanta trascendencia se establezca sin debate y audiencia pública formal y sin las garantías propias de un proceso normativo. Los médicos se ven afectados en su ejercicio profesional por las consecuencias de este sistema y por lo tanto deben ser oídos formalmente y participar en la elaboración del mismo. Estamos en desacuerdo también con el propio contenido del Plan, porque creemos que no garantiza una correcta evaluación de la efectividad de los medicamentos.
Tampoco el sistema de gobernanza que se establece es adecuado, con falta de garantías de independencia, rigor técnico, transparencia y rendición de cuentas.
La independencia para la evaluación de la efectividad clínica de un medicamento, por ejemplo, se ve afectada si la designación del experto para la evaluación clínica se realiza por el mismo órgano de la administración autonómica que es responsable del presupuesto en la partida de medicamentos, en un sistema, además, poco transparente.
La falta de transparencia es tal que se informa de la existencia de nodos de evaluación y de 120 expertos ya designados por las CCAA e incluidos en un plan de formación sin que haya habido información pública sobre el proceso de selección y designación ni se conozca su identidad. Estamos seguros de que los médicos realmente expertos en el conocimiento de una enfermedad están dispuesto a que se conozca su participación en un panel de evaluación, a emitir su opinión crítica acerca del valor terapéutico de un medicamento, a realizar discusiones públicas y a firmar y rendir cuentas sobre un informe consensuado y riguroso. Las normas de transparencia y declaración de conflictos de intereses son bien conocidas por los médicos especialistas de nuestro SNS, que vienen participando en comités europeos para la elaboración de las Guías de Práctica Clínica por las sociedades científicas o incluso en comités de las agencias de medicamentos (europea y española). Estos médicos existen en nuestro país, trabajan lealmente para el Sistema Nacional de Salud, defienden el acceso equitativo y sostenible a los nuevos medicamentos buscando la máxima eficiencia, y es inaceptable que su conocimiento pueda ignorarse por la administración para el sistema de incorporación de medicamentos a la prestación pública.
El procedimiento1 que se propone para la valoración del beneficio clínico de un medicamento no garantiza su rigor técnico. Llaman la atención las indicaciones para expresar los resultados de eficacia de acuerdo con un programa de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria o la consagración de tablas de comparaciones indirectas. Se plantea la necesidad de evaluar la literatura científica sin que se perciba necesario incorporar a los médicos expertos en la enfermedad, que en muchos casos son incluso autores de la bibliografía que se va a consultar. Finalmente, se plantea que “el objetivo es valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica” pero el procedimiento no garantiza la incorporación del conocimiento de los médicos expertos en las enfermedades concretas ni la opinión de los pacientes que las padecen.
Es una buena noticia que haya acceso a recursos económicos destinados a la mejora del sistema de evaluación de medicamentos para el SNS. Consideramos imprescindible que esos recursos permitan mejorar el rigor técnico de la evaluación que se debe realizar (la terapéutica y la económica), facilitando la incorporación de los médicos expertos que afortunadamente ya existen en nuestro SNS así como los economistas de la salud de nuestras Universidades, para uno y otro tipo de evaluaciones. También deben dedicarse dichos recursos a mejorar la gobernanza de la evaluación para incorporar prestaciones al SNS, de forma que se garantice una evaluación independiente de los aspectos terapéuticos y económicos, con un proceso de toma de decisión que responda a criterios de buen gobierno en la Administración Pública, con transparencia y rendición de cuentas.
Aun en este momento difícil que estamos pasando, los médicos especialistas mantenemos la ilusión por defender un buen Sistema Nacional de Salud en nuestro país. Estamos dispuestos a seguir trabajando para protegerlo y nos gustaría poder hacerlo codo con codo con nuestras Administraciones.
1 Accesible en https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/IPT/home.htm
2 Accesible en https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/IPT/docs/20200708.PNT_elaboracion_IPT_CPF8Julio.pdf